Embargo millonario a la Municipalidad de San Pedro

La Justicia dispuso un embargo preventivo sobre las cuentas bancarias de la Municipalidad de San Pedro, en la provincia de Buenos Aires, por una deuda de $27,5 millones en honorarios profesionales. El reclamo se originó en un juicio por usucapión y la medida fue ratificada por la Cámara tras el incumplimiento del pago.

El municipio deberá afrontar una obligación judicial que podría aumentar por la acumulación de intereses y las costas procesales hasta que se cancele la totalidad de la deuda.

Por qué embargaron las cuentas del municipio de San Pedro

El conflicto judicial se inició por los honorarios de un abogado que representó a una familia en un proceso de usucapión. En ese expediente, la Justicia había ordenado que la Municipalidad de San Pedro se hiciera cargo de las costas correspondientes.

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Sin embargo, el pago no se concretó dentro del plazo establecido. Ante esa situación, se dispuso un embargo preventivo sobre las cuentas bancarias municipales, una medida cautelar que posteriormente fue confirmada por la Cámara.

De esta manera, la administración local quedó alcanzada por una medida judicial destinada a garantizar el cumplimiento de la obligación económica.

La deuda deberá incluirse en el Presupuesto 2027

Además del embargo, el juzgado resolvió que la Municipalidad de San Pedro incorpore la deuda en el Presupuesto 2027, dentro de la previsión de gastos y recursos.

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La obligación deberá contemplarse en el proceso presupuestario municipal, mientras se espera que el Departamento Ejecutivo presente el proyecto ante el Concejo Deliberante para su tratamiento.

Hasta que se regularice la situación, el embargo preventivo continuará vigente. A su vez, el monto reclamado podría incrementarse por los intereses acumulados y los gastos judiciales adicionales.

Qué es la usucapión y cómo se originó el reclamo

La usucapión, también conocida como prescripción adquisitiva, es un mecanismo legal que permite adquirir el derecho de propiedad sobre un inmueble cuando se cumplen determinados requisitos de posesión durante el plazo que establece la ley.

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En este caso, el procedimiento judicial involucró a una familia que fue representada por un abogado. La controversia por los honorarios profesionales y las costas del expediente derivó en el reclamo económico que ahora alcanza a las cuentas bancarias del municipio bonaerense.

La resolución judicial y la obligación de incorporar el monto al Presupuesto 2027 mantienen el caso abierto en el plano administrativo y financiero, hasta que se concrete el pago correspondiente.