En su elaboración se tienen en cuenta los bienes y servicios necesarios para el mantenimiento de niños, niñas y adolescentes y la valorización del tiempo necesario para sus cuidados.
Uno de los objetivos de la creación de este índice es su utilización para fijar las cuotas de alimentos por parte del Poder Judicial. En Argentina hay 1 millón 600 mil hogares monomarentales, donde viven tres millones de menores y, según datos de UNICEF, más del 60% de estos hogares no recibe o sólo recibe parcialmente el dinero correspondiente a la cuota alimentaria.
El acto contó con la participación de la directora nacional de Economía e Igualdad de Género, Sol Prieto; la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia, Estela Díaz; la senadora provincial Sofía Vanelli; las funcionarias de la Legislatura Paz Bertero, Maru Bread y Maite Sandá; y la abogada Camila Beguiristain, auxiliar Letrada del Juzgado de Familia N°2 de Lomas de Zamora en representación de la jueza Belén Loguercio.
Sol Prieto, responsable del área que impulsó la creación del índice, hizo un repaso exhaustivo de los indicadores económicos de las familias monomarentales, el impacto del incumplimiento de la cuota alimentaria en la feminización de la pobreza y el endeudamiento, y destacó que «esto que organiza las vidas de muchas familias y representa un drama para muchas mujeres es, a la vez, un problema económico. Y esa conexión la hizo la política, que interpretó el problema y buscó dar respuesta desde el Estado».
En tanto la senadora Sofía Vanelli, aseguró al respecto: «Me parece que tiene que haber un castigo social mucho más profundo, creo que hay una tolerancia social y naturalización que tenemos que romper para volver a construir la posibilidad de vivir en una familia sin violencia, donde la violencia económica no sea aceptada». La legisladora que impulsa una serie de modificaciones al Código Procesal Civil y Comercial de la provincia, aseguró que «los más perjudicados y vulnerables son los niños, niñas y adolescentes, por eso pensamos estas modificaciones desde una medida de protección». El proyecto de ley de su autoría, que apela al Índice de Crianza, se encuentra en tratamiento en comisiones y tiene como propósito revertir el amplio nivel de incumplimiento de las obligaciones alimentarias generando mecanismos procesales que garanticen su pronta y efectiva concreción.
Estela Díaz, por su parte, destacó que «el Índice de Crianza es absolutamente innovador, no hay antecedentes en el mundo, una vez más nuestro país marca caminos», y señaló que «no es casual que casi inmediatamente tenemos fallos que usan el índice, es una herramienta que facilita el acceso y el trabajo de la Justicia».
A su turno, Camila Beguiristain destacó la importancia de esta herramienta, comentó el impacto en la labor judicial e hizo referencia al fallo de la jueza Belén Loguercio, la primera en aplicar el índice para fijar la cuota de alimentos. Lo hizo en un caso en el cual no se habían probado los gastos específicos, pero la jueza consideró que, siendo los alimentos un derecho humano fundamental, debía establecerse una cuota provisoria basada en el Índice de Crianza.
La secretaria General de la Presidencia de diputados, Paz Bertero, por su parte subrayó que «este índice es importante porque la violencia económica es una de las violencias de género más graves, invisibilizadas y naturalizadas; y es uno de los mayores obstáculos para que las mujeres puedan salir de ese círculo».
(Prensa Diputados PBA)
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