Ayer se realizó una audiencia ante la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos (CIDH) donde el gobierno nacional pondría en evidencia cuál es su posición respecto de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. Durante la misma el secretario de DDHH de la Nación, Alberto Baños, acusó a las organizaciones de “vengadores”.
En diálogo con “Napalm”, por Radio Provincia, Marcela Perelman, directora de Investigación del CELS, explicó que la audiencia fue “muy intensa por el nivel de denuncia que la sociedad civil llevábamos y por el nivel de agresión y falacias por parte de la representación del Estado nacional”.
Seguido, explicó que desde el gobierno sostuvieron que la política de Derechos Humanos es una cuestión de “venganza”, y al realizar la representación se evidenciaba un conocimiento profundo de los temas que estábamos discutiendo con una “perspectiva fuertemente castrense”, centrada en la defensa desde la perspectiva de ciertos sectores de las fuerzas armadas.
Al referirse al análisis que se puede realizar, Perelman indicó que el proceso de memoria, verdad y justicia que hace el gobierno “es una superposición de argumentos. Por un lado fingir que todo sigue con normalidad y que los compromisos no están afectados, que había áreas que trabajaban mal y que no se adecuaban a la normativa”.
Al mismo tiempo que destacó que “dijeron abiertamente que ellos consideran que los juicios de Lesa humanidad tienen un componente revanchista o “vengadores”. Que vienen por la agenda de memoria completa. Hablaron de nosotros y ustedes para referirse al Estado y la sociedad civil, cuando habló de memoria completa una posición fuera de lugar para lo que es un diálogo entre Estado y sociedad civil”.
Seguido, aseveró que “después de hacer parecer que todo continúa con normalidad se manifestó que disimulaban las afectaciones pero por otro lado sacaron pecho y confirmaron lo que estaban haciendo”.
Al ser consultada sobre si el posicionamiento del gobierno nacional es coincidente con lo que sucede con líderes de países centrales explicó que “algunos posicionamientos durante el gobierno de Macri pueden ser pensados como precursores de lo que ocurre ahora”, sin embargo,explicó que “hay diferencias entre las políticas de Derecho Humanos internacional y el gobierno argentino”.
En este mismo aspecto, aseveró que “para el gobierno de LLA este ataque es constitutivo de su identidad. No creo que lo vayan a alterar por algún tipo de presión porque forman parte de las nuevas derechas internacionales (…) Este internacionalismo de derecha es contrario a las Naciones Unidas, al sistema Interamericano, a la concepción misma de la memoria y se relaciona en cómo creen que hay que actuar en el presente”.
Por otra parte, sostuvo que las formas de expresarse del gobierno nacional tienen que ver con “un debate sobre niveles de violencia tolerable en la sociedad”.
(RP)
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