El Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py conformado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, concluyó que entre 2003 y 2015 hubo «manifiesta connivencia y protección de cuanto organismo estatal fuese necesario para garantizar la plena actividad del consorcio empresarial controlado por Lázaro Báez», según consta en los fundamentos de 1.616 carillas difundidos esta mañana, en relación al veredicto en la causa Vialidad.
Los magistrados afirmaron que no existe especulación electoral en su fallo y acusaron a la titular del Senado de realizar “una defensa mediática y extrajudicial” y definen al lawfare como “una nueva teoría conspirativa tan antigua como el propio Estado de Derecho”.
Desde ahora todas las partes podrán apelarlo ante la Cámara Federal de Casación Penal, entre ellas la defensa de la Vicepresidenta, condenada a seis años de prisión en el juicio que culminó el 6 de diciembre pasado.
En tanto, se espera que Cristina Fernández aluda al tema en su aparición pública prevista para mañana en Río Negro.
(RP)
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