paros anexa

Malestar en la escuela de la UNLP por campaña anti-paro anónima

La comunidad educativa de la Escuela Graduada Joaquín V. González, de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), se encuentra sumida en una creciente controversia luego de que aparecieran pasacalles y carteles en distintos puntos del predio universitario con un mensaje de «Familias de la Anexa». La campaña, que promueve la postura contra los paros docentes y no docentes, ha desatado fuertes críticas entre padres y miembros de la comunidad educativa.

Los pasacalles y la sombra de la política local

Este martes, se observó la aparición de varios pasacalles en la zona que rodea la Escuela Graduada, con la leyenda «Familias de la Anexa», acompañados de números de teléfono y dirección de correo electrónico como datos de contacto. La campaña parece estar dirigida a presionar por el fin de los paros que afectan las clases en la institución, en un contexto de fuertes reclamos salariales y de financiamiento educativo.

Lo que ha llamado la atención es que, según fuentes cercanas, los pasacalles habrían sido financiados por un concejal del bloque libertario. La comunidad educativa está preocupada por la influencia que podría tener la política local en el ámbito de la educación y la forma en que se están destinando recursos para promover una campaña que busca deslegitimar el derecho a huelga de los trabajadores del sector.

Críticas de familias y miembros de la comunidad

Una de las voces críticas a la campaña antiparo, que prefirió mantener su anonimato, expresó su descontento con los pasacalles y señaló, «en la cooperadora de la escuela el 40% de los padres aportan dinero, en vez que hacer pasacalles podrían haber aportado ese dinero para la Cooperadora».

Los paros y el reclamo por la Ley de Financiamiento

La Escuela Graduada Joaquín V. González ha sido uno de los puntos más afectados por los paros que vienen siendo convocados por docentes y no docentes de la UNLP. Estos paros son parte de una serie de medidas de fuerza en protesta por la falta de implementación de la Ley de Financiamiento Educativo, que fue aprobada y ratificada por las cámaras legislativas hace más de 120 días, pero que aún no ha sido aplicada por el Gobierno Nacional.

El reclamo por la correcta aplicación de esta ley, que establece un aumento progresivo en el presupuesto destinado a la educación, sigue siendo una de las principales demandas de los trabajadores del sector, quienes sostienen que la falta de cumplimiento de la ley pone en riesgo la calidad educativa y el bienestar de los estudiantes.

 

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