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Bernal: “creemos que se habría violado el marco regulatorio y perjudicado el patrimonio del Estado”.
En diálogo con ‘Es por Ahí’,
el interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Federico
Bernal, manifestó que “es una denuncia a siete ex funcionarios, dentro de
los cuales está el ex ministro de Energía, Juan José Aranguren. La denuncia es
por incumplimiento de los deberes de funcionario y negociaciones incompatibles
con la función pública. Nosotros creemos que se habría violado el marco
regulatorio y provocado un perjuicio patrimonial al Estado por cerca de 400
millones de dólares, y a los usuarios y a las usuarias del servicio público, por 168 millones de dólares. Un total de 560
millones aproximadamente”.
“Al frente del Ente, mi función es revisar y auditar lo
que se hizo, y cuando aparecen posibles delitos, mi obligación como funcionario
público es denunciarlos”, agregó.
Con respecto al precio de las tarifas, el funcionario
explicó que “en 2018, el precio del gas tendría que haber surgido de una
negociación entre las empresas. Era muy buen momento para que eso ocurriera
porque la producción se recuperaba y además la demanda empezaba a estancarse,
por lo que íbamos a un camino de sobre oferta y baja de precios. Para el propio
Javier Iguacel, quien reemplazó al ministro Aranguren, el precio del gas no
convencional en la Argentina -a mediados de 2018- tenía que ser de 3,5 dólares
y era suficiente negocio para las productoras. Basta contrastar esto y hacer un
careo entre Iguacel y Aranguren para darnos cuenta que algo no estaba
funcionando muy bien”.
“Hasta fines de 2017 el Poder Ejecutivo era quien
fijaba los precios. Acá, el posible delito, es que el Ejecutivo sigue fijando
los precios del gas a partir de 2018, cuando no le correspondía. Nosotros
creemos que esa decisión obedece a asegurarle una estabilidad y ganancias en
dólares. Ahí estuvo el delito”, agregó Bernal.
En cuanto a la actuación del Enargas durante el gobierno de
Mauricio Macri, el funcionario sostuvo que “las ex autoridades del Ente
tendrían que haber rechazado esos precios fijados en el pacto que se firmó a
fines del 2017. Ese pacto fijaba volúmenes o precios a los que las
distribuidoras tenían que comprarle el gas a las productoras. Eso se usó como
referencia para los contratos que luego firmaron y es lo que el Ente tendría
que haber evaluado. Si esos precios se ajustaban al marco regulatorio o no. Si
el Ente hubiera actuado bien, debería haber denunciado”.
Es por ahí – FM 97 UNE
M. Stefanell
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Radio Provincia
