Es la primera vez que la Cámara de Casación Penal falla a favor de la televisación de todos los juicios de lesa humanidad y ahora se espera que esta decisión siente jurisprudencia.

La Subsecretaría de DDHH de la Provincia es querellante y desde las primeras audiencias, llevadas a cabo por el Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario a cargo de los  jueces Román Lanzón, Eduardo Rodríguez Da Crus y Elena Beatriz Dilario, diferentes organizaciones de derechos humanas solicitaron a los magistrados dos aspectos considerados claves para reivindicar los juicios de lesa humanidad: que las audiencias testimoniales se realicen en cada una de las ciudades en las que sucedieron los hechos, o en las ciudades donde residen los sobrevivientes o familiares de las víctimas, para facilitar sus actos; y la transmisión de las audiencias para que las comunidades tengan acceso a los materiales y de ese modo fomentar la construcción de la memoria sobre los crímenes de la última dictadura cívico militar.

Sin embargo, el TOF N°2 no habilitó que las audiencias sean públicas y luego de las denuncias de organismos de derechos humanos y del pedido del medio comunitario La Retaguardia para que se habilite la trasmisión de la totalidad de los testimoniales, los fiscales Adolfo Villate y Juan Patricio Murray llevaron la cuestión ante Casación que ahora dictaminó con este fallo histórico.

Las denuncias de los organismos rondaron en que el tribunal estaba desprotegiendo a las víctimas, a que siempre las decisiones eran de destrato y en especial, que todo configuraba un abuso de poder, ya que los jueces incumplían con las formalidades elementales vinculadas históricamente con  la celebración de los debates de lesa humanidad, tal como lo plantean protocolos, formalidades y definiciones de la Justicia argentina para esta clase de procesos.

Asimismo, para facilitar que las audiencias se lleven a cabo en las diferentes ciudades, tal como ocurrió en los tres tramos anteriores de la megacausa Saint Amant, las organizaciones presentaron todos los documentos donde se especificó la disponibilidad de algunos espacios, como el auditorio “Machacha Güemes”, en San Nicolás; el Concejo Deliberante en Pergamino, o como la Municipalidad en la ciudad de Baradero. Pero el TOF N°2 en un comienzo negó todas las solicitudes y luego accedió pero siguió sin considerar el principal problema, según manifestaron desde el colectivo Encuentro Regional por la Memoria y la Justicia “Cholo Budassi”: “la denegación del derecho de las comunidades a que el juicio sea público”.

De este modo, luego de tantas idas y vueltas con los TOF, hay grande expectativas de que estas limitaciones tengan su fin, ya que según manifestaron desde La Retaguardia, luego del fallo de Casación recibieron un comunicado habilitando la transmisión del juicio por intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner, cuestión que hasta ese momento el TOF había rechazado. 

Ahora se abre un nuevo escenario donde el carácter público de los juicios orales, tal como expresaron los camaristas en su fallo citando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es “una de las principales características» del proceso penal, ya que transparenta la administración de justicia en cuanto a la necesaria imparcialidad de las decisiones que se toman.