¿Es Argentina un país racista?

Cada tanto, una imagen, un video o una frase vuelven a poner a la Argentina bajo el mismo reflector. Ocurrió en Brasil, donde dos episodios protagonizados por argentinos recorrieron portales de todo el mundo. Una joven profesional fue detenida tras realizar gestos racistas y un ingeniero jubilado quedó expuesto por comentarios discriminatorios. La noticia volvió a instalar una pregunta incómoda: ¿Argentina es racista?

La respuesta fácil sería decir que no. Que no se puede juzgar a un país de casi cincuenta millones de habitantes por la conducta de algunas personas. Que la Argentina ha sido históricamente un país de inmigración, construido por múltiples corrientes migratorias y con una tradición de hospitalidad. Todo eso puede ser cierto. Pero también puede convertirse en una excusa para no mirar algo más profundo.

Porque la pregunta quizá no sea si todos los argentinos son racistas. La pregunta es por qué determinados discursos racistas, clasistas y deshumanizantes dejaron de generar vergüenza y comenzaron a pronunciarse con absoluta naturalidad.

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¿Cómo afirmar que la Argentina no tiene un problema con el racismo cuando desde las más altas esferas del poder se naturalizan expresiones que reducen a millones de personas a una caricatura? Cuando desde el propio oficialismo se instala la lógica de que «al otro, nada»; cuando se habla de quienes «cagan en un balde»; cuando se afirma que hay personas que «son pobres porque quieren»; cuando se rebautiza al conurbano bonaerense como el «Congourbano», asociando pobreza, negritud y marginalidad como si fueran conceptos equivalentes.

No se trata solamente de frases desafortunadas. Se trata de un lenguaje político que construye enemigos internos. La verdadera batalla cultural parece consistir en señalar a un «otro» al que se responsabiliza de todos los males. Un lenguaje que convierte la condición social en un motivo de desprecio; que utiliza la palabra «negro» no como una descripción étnica sino como un insulto de clase; que vuelve aceptable burlarse de quien vive en un barrio popular, cobra una asistencia estatal, tiene determinado acento o proviene de determinada región del país.

Ese mismo mecanismo aparece cuando dirigentes con responsabilidades institucionales trazan fronteras simbólicas dentro del propio país. Cuando el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, habla de una «Operación Muro» sobre la General Paz o define esa política como un «muro contra la barbarie», no está describiendo solamente un operativo de seguridad. Está construyendo una geografía moral: de un lado, el orden; del otro, la barbarie. De un lado, los ciudadanos que deben ser protegidos; del otro, aquellos de quienes hay que defenderse. Cuando además sostiene que los problemas llegan desde la provincia de Buenos Aires, termina reforzando una narrativa que estigmatiza a millones de bonaerenses por el solo hecho de vivir del otro lado de una avenida.

Tampoco se trata de un fenómeno nuevo. Durante más de un siglo, la Argentina construyó una parte de su identidad sobre el mito de ser un país «europeo» en América Latina. No es casual que el artículo 25 de la Constitución Nacional establezca que el Gobierno federal «fomentará la inmigración europea». Esa disposición respondió a un proyecto de país propio del siglo XIX, que asociaba Europa con el progreso y la civilización. Al mismo tiempo, la historia oficial invisibilizó durante décadas a los pueblos originarios, minimizó el aporte de la población afroargentina y alimentó la idea de que la Argentina era una excepción blanca dentro de América Latina. Ese imaginario, lejos de desaparecer, dejó una huella profunda en la forma en que el país se piensa a sí mismo y mira a los demás.

Por eso, en la Argentina contemporánea el racismo muchas veces adopta la forma del clasismo y de la estigmatización territorial. Ya no necesita expresarse únicamente en términos biológicos o étnicos. Alcanza con decir «el conurbano», «los planeros», «los que cagan en un balde», «el Congourbano» o «la barbarie». Cambian las palabras, pero persiste la construcción de un otro inferior, peligroso o menos digno de derechos. El «negro» deja de ser una categoría racial para convertirse en una categoría moral. El conurbano deja de ser un territorio para convertirse en un sinónimo de delincuencia. La Matanza deja de ser un municipio para transformarse en una amenaza. El interior profundo deja de ser parte de la diversidad del país para convertirse, muchas veces, en un obstáculo político. Es una forma de discriminación profundamente arraigada que, precisamente por cotidiana, suele pasar inadvertida.

Por eso tampoco es casual preguntarse quiénes son los argentinos que aparecen en estos episodios internacionales. ¿Quiénes pueden viajar a un Mundial en Estados Unidos? ¿Quiénes pueden vacacionar en Brasil varias veces al año? En términos generales, quienes cuentan con un determinado nivel de ingresos y un determinado capital económico y cultural. Sectores que, en buena medida, coinciden con aquellos que con mayor frecuencia expresan un profundo desprecio hacia el conurbano bonaerense, hacia La Matanza, hacia el interior del país o hacia quienes consideran responsables de que la Argentina vote como vota.

No es casual escuchar propuestas para dividir la provincia de Buenos Aires porque determinados sectores electorales «arruinan» los resultados. Tampoco que se hable de La Matanza como si fuera un territorio ajeno a la Nación. El problema no es debatir la organización administrativa de una provincia. El problema aparece cuando detrás de esas propuestas late la idea de que existen ciudadanos que valen menos porque votan distinto, porque son más pobres o porque viven en determinados barrios.

El racismo nunca empieza con un gesto en una cancha ni con un insulto en una playa. Empieza mucho antes. Empieza cuando se construye una jerarquía entre ciudadanos. Cuando algunos representan el mérito y otros el fracaso. Cuando unos encarnan la civilización y otros la barbarie. Cuando el adversario político deja de ser un ciudadano con derechos para convertirse en alguien indigno de solidaridad.

Eso no significa que el racismo sea patrimonio exclusivo de un espacio político. Sería absurdo afirmarlo. La discriminación atraviesa a toda la sociedad argentina y tiene raíces históricas profundas. Pero también es cierto que los discursos de quienes gobiernan tienen un peso específico. Cuando el Presidente de la Nación, ministros, gobernadores o jefes de Gobierno naturalizan formas de desprecio hacia determinados sectores sociales o territorios, no sólo describen una realidad: ayudan a construirla. Y cuando el poder legitima determinadas maneras de hablar, también habilita determinadas maneras de actuar.

Por eso, quizás la pregunta no sea si la Argentina es racista. Ningún país puede resumirse en una sola característica. La pregunta es cuánto espacio le estamos dando al racismo, al clasismo y al desprecio territorial como forma legítima de intervenir en la conversación pública.

Porque el racismo argentino del siglo XXI rara vez se presenta como racismo. Se presenta como mérito frente a vagancia. Como ciudad frente a conurbano. Como civilización frente a barbarie. Como orden frente a desorden. Cambian las palabras. Cambian los protagonistas. Pero el mecanismo sigue siendo el mismo: construir un «nosotros» superior y un «ellos» al que se puede despreciar.

Y esa respuesta, lamentablemente, resulta bastante más difícil de negar.