El delicado equilibrio de 2026: superávit fiscal y desinflación, ¿sin lugar para todo?

La semana económica en 2 minutos: un análisis de los datos más relevantes de la economía nacional e internacional.

El cierre fiscal de 2025 mostrará un cumplimiento de la meta anual de superávit primario de 1,6% del PBI. Sin embargo, su alcance no fue homogéneo entre meses: hacia fin de año la dinámica se tensó un poco. En noviembre, la caída real de 10% interanual de los recursos -en parte transitoria por la baja de retenciones- obligó a concentrar el ajuste en el gasto y a recurrir a postergaciones de pagos (0,9 billones), lo que permitió sostener resultados positivos en el margen (+0,6 billones). En diciembre, este desequilibrio se maquillará si el gobierno imputa como ingreso de capital la venta de las 4 represas ($1 billón).

Sobre esta base exigente, el Sector Público Nacional anunció para 2026 una serie de medidas que implican una reducción permanente de recursos cercana a 0,7 puntos porcentuales del PBI, combinando baja de retenciones, reducción de contribuciones patronales y rebajas a la alícuota del impuesto a las ganancias de sociedades.

Para contrarrestar esta merma de recursos, el gobierno acudiría a dos partidas principales. Por el lado de los ingresos, el margen aparece en el impuesto a los combustibles, cuya actualización plena podría aportar alrededor de 0,35% del PBI en 2026 (vs. 0,1% en 2025), aunque al costo de un aumento significativo en el precio de las naftas (15%).

Por el lado del gasto, el gobierno anunció un nuevo esquema de subsidios. El objetivo principal del nuevo esquema es reducir el universo de beneficiarios, al tiempo que recorta los bloques de consumo subsidiado como el porcentaje de subsidio sobre dichos bloques. De no mediar compensaciones, el impacto sobre tarifas hubiese sido significativo, con subas de dos dígitos en gas (17,5%) y electricidad (21,3%). De esta manera, el propio gobierno planteo la implementación de bonificaciones transitorias que apuntan a morigerar el salto inicial.

Estas decisiones tienen un sesgo inflacionario claro. Los aumentos en combustibles y tarifas presionan sobre el IPC en el corto plazo (de llevarse a cabo la totalidad de aumentos en naftas y tarifas el impacto hubiera sido de 1,2 p.p en el IPC de enero) y, en un esquema cambiario que se ajusta por inflación pasada, pueden tensionar las expectativas devaluatorias y poner a prueba la consistencia del ancla nominal.

Así, el desafío de 2026 será administrar un equilibrio fino entre consolidación fiscal, desinflación y estabilidad cambiaria, en un esquema donde los anclajes se encuentran crecientemente interrelacionados. La estrategia de amortiguar los aumentos mediante mecanismos transitorios apunta a ganar tiempo y preservar la nominalidad, pero también traslada hacia adelante la resolución de las tensiones de fondo.

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FUENTE: https://www.bancoprovincia.com.ar/Noticias/3028