EDUARDO BARCESAT: “ESTAMOS ASISTIENDO A UNA ESPECIE DE VOMITO INSTITUCIONAL”

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En contacto con La Mecha por Radio Provincia, Barcesat explicó la carta que firmaron juristas de la UBA para que el juez Julián Ercolini continúe dando clases en la Facultad de Derecho, pidieron el juicio académico. “Es lamentable que tanto la Facultad de Derecho como la UBA no hayan adoptado una actitud institucional ante tales hechos”, planteó.

Y en esta línea detalló que “lo que procede aquí es el juicio académico y mientras tanto, una suspensión a toda actividad académica a Ercolini. Todos los docentes de esa institución académica hemos recibido una comunicación de la carrera de perfeccionamiento de la Magistratura, todavía con la dirección de este juez. Es decir, adiestrar a los jueces para ver si pueden lograr el mismo grado de perversidad institucional que están exhibiendo los estandartes del lawfare”.

Barcesat indicó que “uno tiene respeto por la pluralidad” de pensamiento pero “de ninguna manera puede ser docente alguien que conspira para hacer un fraude para tratar de esconder la responsabilidad de la dádiva y participa de amenazas a la Policía de Seguridad Aeroportuaria con un lenguaje vinculado a las prácticas del estado terrorista: la aprensión del cuerpo, el apriete, la tortura, inclusive la lesión y la muerte. Esto manejado entre funcionarios judiciales, fiscales y personajes del ministerio de Seguridad porteño es inadmisible».

El abogado constitucionalista remarcó que «el contenido es importante y si esto se develó porque la PSA dio a conocer la lista de pasajeros de un vuelo chárter, no tiene nada de ilegítimo porque es perfectamente acorde con las funciones y naturaleza de custodio que tiene este cuerpo. De modos que estamos asistiendo a una especie de vomito institucional, que quizás tenga más efecto en el pueblo para  advertir que utilizan el aparato judicial como forma de persecución y para aniquilar al enemigo.

Asimismo, cuestionó que como se creen que son el poder, piensan que no pueden ser investigados. Seguido, cuestionó al periodista Joaquín Morales Solá al sostener que “da una enorme indignación que con tanta trayectoria salga a sostener que se ha afectado la privacidad de las personas porque (el caso) afectó el orden público y la vida democrática”.

Respecto de la condena a Cristina Fernández, sostuvo que “aguardo la intervención de instancias superiores del Poder Judicial -más allá de que buena parte de sus miembros han estado implicados en persecuciones- anule esta condena absurda que fijó el Tribunal Oral Federal N° 2 que, para hacerlo más potable, eliminó la figura de asociación ilícita». Sin embargo, aclaró que «con eso no advirtió que el reproche a Cristina Fernández por administración fraudulenta caía en el vació porque todo lo que refiere a la administración presupuestaria aprobada por el Congreso recae en el Jefe de Gabinete. Por lo tanto, es imposible que firmara y autorizara en un desvío de fondos”. 

Mientras tanto, señaló que “esta trama presente en Lago Escondido pretende la impunidad, el secreto, el encubrimiento desde el ejercicio de la función pública. Es como pasar una topadora por el Estado de derecho».

El letrado puntualizó que «tanto el proceso judicial contra Cristina y esta muestra de poder en Lago Escondido, demuestran que estamos frente a una tentativa de un golpe de estado preventivo para impedir que se pueda postular en 2023. Si bien ella ha renunciado, en un gesto de ruptura respecto del tribunal para valerse de fueros”. 

Para concluir, mencionó que “cuando se conozcan los fundamentos del fallo en marzo próximo, se va a instar a la vías regional e internacional. La jurisprudencia tanto de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas como la Interamericana, habilitan las denuncias cuando hay una privación de jurisdicción para recurrir sin haber agotado las vías internas”.

(RP)

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