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La asociación que nuclea a los bancos públicos y privados de carácter federal envió un documento técnico al Congreso en el que expone siete objeciones al artículo 35 del proyecto de Ley de Modernización Laboral. Sostiene que habilitar el pago de sueldos en billeteras virtuales y otros proveedores no bancarios generaría riesgos jurídicos, financieros, sistémicos y sociales.
En un documento remitido al Congreso, ABAPPRA cuestiona de manera integral el artículo 35 de la reforma laboral, que habilita que los salarios puedan pagarse a través de Proveedores de Servicios de Pago, billeteras virtuales u otros actores no bancarios.
A partir de seis puntos críticos, la entidad sostiene que esta equiparación entre CBU y CVU ignora que los PSP no cuentan con un marco regulatorio, prudencial ni de supervisión equivalente al de los bancos, y advierte que su aprobación generaría riesgos jurídicos, financieros, patrimoniales y sistémicos que afectarían directamente a los trabajadores y al funcionamiento del sistema financiero.
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1. PÉRDIDA DE PROTECCIONES LEGALES ESENCIALES
ABAPPRA remarca que los salarios y jubilaciones poseen un estatus alimentario que les otorga un marco reforzado de protección legal. En este esquema, las cuentas bancarias aseguran la inembargabilidad total o parcial de los haberes, la aplicación de topes y límites establecidos por ley y la prohibición de compensación automática de deudas por parte de la entidad pagadora. Según la entidad, los Proveedores de Servicios de Pago (PSP) no están alcanzados por este régimen, lo que podría desactivar derechos esenciales y dejar expuestos a los trabajadores a situaciones de vulnerabilidad económica.
2. AISENCIA DE GARANTÍAS Y MAYOR RIESGO PATRIMONIAL PARA LOS USUARIOS
El documento destaca que los depósitos bancarios cuentan con un sistema de “triple protección”, integrado por el seguro de depósitos de SEDESA —hoy de hasta $25.000.000 por persona y por cuenta—, el carácter de pasivo privilegiado en caso de liquidación y un régimen de resolución específico. Las cuentas de pago no cuentan con estas garantías. La asociación recuerda antecedentes internacionales y locales de quiebras y fraudes en fintech que dejaron a usuarios sin cobertura, y afirma que la seguridad de los salarios no debe quedar supeditada a modelos sin regulación prudencial equivalente.
3. ASIMETRÍA REGULATORIA Y SUPERVISIÓN INSUFICIENTE
Existe una marcada diferencia en la carga regulatoria entre bancos y PSP. Mientras las entidades financieras cumplen estrictas normas del Banco Central referidas a capital, liquidez, solvencia, ciberseguridad y auditorías presenciales, los proveedores no bancarios operan bajo un esquema más laxo, sin requerimientos prudenciales comparables. ABAPPRA sostiene que esta asimetría transfiere riesgos a los usuarios y, potencialmente, al propio Estado, comprometiendo la estabilidad del sistema.
4. IMPACTO SISTÉMICO Y REDUCCIÓN DE LA CAPACIDAD DE CRÉDITO
Otro punto central es el efecto macroeconómico que, según ABAPPRA, tendría la migración de los depósitos salariales hacia PSP. Explica que esas cuentas son la base del crédito a mediano y largo plazo y que, al canalizarse hacia instrumentos de muy corto plazo como fondos comunes de inversión tipo money market, se transforman en pasivos inestables. Esto limitaría severamente la capacidad del sistema bancario de financiar a familias y empresas y afectaría de manera directa a Pymes, economías regionales y actividad productiva. La entidad estima que el desplazamiento de saldos podría generar una contracción del crédito de entre 3,8 y 6,4 billones de pesos.
5. INEXISTENCIA DE FALLA DE MERCADO Y UN SISTEMA COMPETITIVO
El documento afirma que no existe una falla de mercado que justifique flexibilizar la acreditación inicial en cuentas bancarias. Señala que los trabajadores ya gozan de plena libertad para transferir, sin costo y de forma inmediata, sus haberes desde la cuenta sueldo hacia billeteras o agentes de inversión. En este marco, la acreditación bancaria —gratuita por ley— no restringe opciones sino que garantiza el cobro seguro. ABAPPRA agrega que cualquier actor que desee pagar sueldos puede hacerlo obteniendo una licencia del BCRA, lo que demuestra la apertura y competitividad del sistema.
6. DESMANTELAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CRÍTICA Y RIESGO DE EXCLUSIÓN FINANCIERA
Finalmente, ABAPPRA advierte que la red bancaria sostiene servicios esenciales en todo el país, incluyendo sucursales en zonas no rentables, cajeros automáticos y logística de efectivo. La acreditación de sueldos es un pilar económico que permite sostener esa infraestructura. Si los pagos salariales migraran hacia actores no bancarios, la red podría retraerse, profundizando la brecha territorial y la exclusión financiera, especialmente en localidades del interior que dependen de estos servicios para operar con dinero en forma segura y sin costos.
En síntesis, la cámara que engloba a los bancos públicos de la República Argentina concluye que la reforma propuesta no genera beneficios concretos para los trabajadores y sí introduce riesgos evitables. Afirma que permitir el pago de salarios por fuera del sistema financiero regulado debilita la protección de ingresos de carácter alimentario y compromete la estabilidad financiera. Por ello, solicita a los legisladores que rechacen el artículo 35 del proyecto de Ley de Modernización Laboral y prioricen la seguridad jurídica, el interés público y la preservación del sistema financiero federal.
FUENTE: https://www.bancoprovincia.com.ar/Noticias/3069